Caffarel, Fernández y Carcedo, miembros del Comité de Expertos, en el Instituto de RTVE (enero 2019)

Isabel Fernández Alonso, miembro del Comité de Expertos designado en 2018 por el Parlamento Español para evaluar a los 95 candidatos que se presentaron al concurso público para la configuración del Consejo de Administración de RTVE, ha publicado un artículo en El Español en el que expone las razones por las que considera muy urgente que la Comisión Mixta de Control Parlamentario de esta corporación audiovisual pública eleve, para su nombramiento por Congreso y Senado, únicamente a los 20 candidatos seleccionados por el Comité de Expertos (incluido el 21 por el fallecimiento de Alicia Gómez Montano).

Link al artículo “Respetemos el concurso de RTVE”.

La directora del Grupo Daniel Jones formuló sus propias recomendaciones para la reformulación del concurso al concluir los trabajos del comité de expertos en diciembre de 2018. Accesibles aquí.

Tres investigadores del Grupo Daniel Jones han participado en el Informe de la comunicació a Catalunya 2017-2018, presentado en el Palau Robert de Barcelona el pasado 17 de diciembre.

Mercè Díez es autora del capítulo “Economia i finançament de la comunicación” e Isabel Fernández Alonso y Marc Espín han elaborado el titulado “Les polítiques de comunicació”.

Este informe es un referente esencial para tener una mirada global sobre el panorama comunicativo en Cataluña y las claves de su evolución. El informe es obra del Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB), que lo viene publicando, con carácter bienal, desde 2000.

Acceso al informe completo: http://incomnet.uab.cat/informe/download/2017/informe_2017-2018.pdf

El Grupo Daniel Jones, en colaboración con los profesores Guadalupe Aguado y Raúl Magallón, de la Universidad Carlos III de Madrid, y Miguel Álvarez Peralta y Belén Galletero, de la Universidad de Castilla la Mancha, ha recibido financiación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades para llevar a cabo el proyecto de investigación titulado Impacto de la financiación pública en la economía de las empresas mediáticas privadas: subvenciones y publicidad institucional. Análisis del caso español (2008-2020).

El proyecto, que tendrá una vigencia de tres años, fue presentado a la convocatoria 2018 de la Agencia Estatal de Investigación por la que se otorgan ayudas a proyectos de I+D de “Generación de Conocimiento” dentro del Programa Estatal de Generación de Conocimiento y Fortalecimiento Científico y Tecnológico del sistema de I+D, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020.

La investigadora principal será Isabel Fernández Alonso, coordinadora del Grupo Daniel Jones. Participan en el proyecto los también investigadores del grupo Mercè Díez, José Joaquín Blasco Gil, Ana Fernández Viso y Marc Espín.

Las investigadoras del Grupo Daniel Jones Ana Fernández Viso e Isabel Fernández Alonso han publicado el capítulo “Political Interference in the Spanish and Catalan Public Service Media: Attemps to Reform and Resistance to Change (2006-2017)” en el marco del libro Public Service Broadcasting and Media Systems in Troubled European Democracies del que son editoras Eva Polonska y Charlie Beckett (Londres: Palgrave MacMillan, 2019).

El capítulo analiza las actuaciones del poder político con relación a Radiotelevisión Española (RTVE) y a la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) desde que se puso fin (en 2006 y 2007, respectivamente) a los modelos de gobierno de corte gubernamental que se habían implementado en los años ochenta en ambas corporaciones. El texto concluye que la reforma impulsada por el Gobierno de Zapatero en 2006 fue más exitosa que la promovida por el Gobierno tripartito catalán un año después, si bien ambas desembocaron en una contrarreforma de corte regubernamentalizador en 2012. Desde entonces, subrayan la incapacidad del Parlamento de Cataluña para regresar a un modelo parlamentario y el tono mucho más crítico de los trabajadores de RTVE que de los de la CCMA en lo que respecta a la injerencia gubernamental en los servicios informativos.

Las autoras contemplan con reservas la evolución de la nueva reforma de RTVE emprendida en 2017, en espera de que despliegue por completo, y destacan las crecientes alertas que se emiten desde sectores académicos y profesionales en pro de unos medios públicos realmente independientes y plurales como garantía de una auténtica convivencia democrática.

Los medios públicos son una de las líneas de trabajo prioritarias del Grupo Daniel Jones.

Al no compartir el procedimiento adoptado para elaborar recomendaciones conjuntas por parte del Comité de Expertos, desde el total respeto a las apreciaciones de mis compañeros, expongo mis propias reflexiones, por si fueran de utilidad de cara a renovaciones futuras del Consejo de Administración.

Partiendo de un acuerdo con la combinación de los modelos profesional y parlamentario de gobierno de los medios públicos, realizo, a continuación, una serie de consideraciones sobre las previsiones de la Ley 5/2017 en relación con esta materia y sobre la fórmula adoptada para el concurso en sí:

1.- En mi opinión, se debería recuperar sin matices de ningún tipo (la actual redacción de la ley es un tanto confusa) la mayoría cualificada de 2/3 para el nombramiento de los consejeros y el presidente del Consejo de Administración. Si nada lo impide, la elección debería recaer en el Congreso, por cuanto su composición refleja con criterios más proporcionales la voluntad de los ciudadanos. La política de amplios consensos ha sido hasta ahora la que, a mi entender, ha dado mejores resultados en lo que respecta a la independencia de nuestros medios públicos.

2.- Creo también que los cargos de los consejeros, cuyo número podría reducirse, deberían ser remunerados para así evitar un modelo de consejo presidencialista como el actual en el que solo el presidente puede dedicarse en exclusiva a la tarea que desempeña en RTVE. Además, el hecho de que los consejeros cobren únicamente dietas impide que puedan incorporarse muchos profesionales cualificados del sector privado, debido al régimen de incompatibilidades al que están sujetos. A la vez, resulta muy cuestionable que, en el caso de que los consejeros electos sean trabajadores de RTVE, estos tengan que tomar decisiones relativas a las propias funciones que desempeñan. Lógicamente, esto no sucedería si el cargo de consejero requiriese dedicación exclusiva y estuviera remunerado.

3.- Considero fundamental definir previamente qué perfiles se requieren para el Consejo de Administración. No por ley, porque las circunstancias cambian, pero sí al abrirse cada concurso. En la presente convocatoria, a mi modo de ver, se han primado en exceso los méritos relacionados con el sector de la Comunicación, penalizando a candidatos con una magnífica experiencia en sectores como la Economía, el Derecho, las Telecomunicaciones o la Sociología, por citar algunos ejemplos. Se habría de procurar que los consejos integren a expertos de diferentes ámbitos, todos ellos muy necesarios para afrontar los retos de un sector tan complejo y cambiante. En este sentido, se podría requerir que los candidatos se presentasen para cubrir plazas/perfiles concretos.

4.- El Comité de Expertos, en mi opinión, no debe ser producto únicamente de cuotas de partido y debe contar con un número de miembros más reducido para ser más operativo. Una posible fórmula sería encargar a entidades académicas y profesionales significativas (y relacionadas con el sector audiovisual) que los propongan.

También creo que este Comité ha de ser nombrado antes de la apertura del concurso, de modo que pueda contribuir a fijar los perfiles (si se estima la propuesta anterior) y, en todo caso, los méritos y el baremo para su valoración. El concurso se debería convocar varios meses antes de la expiración del mandato del Consejo para evitar situaciones como las vividas en los últimos meses.

5.- Recomiendo, asimismo, que, de cara al concurso, se elabore un modelo de instancia cuyos epígrafes se correspondan con los diferentes apartados del baremo para facilitar la tarea de evaluación. Sugiero, siempre dentro de los márgenes legales, fijar unos méritos mínimos para concurrir (más allá de disponer de estudios universitarios). Esta debería ser también tarea del comité de expertos. Sin embargo, el Parlamento debería dejar claro qué se entiende por “valorar la idoneidad” de los candidatos, una idea que queda un tanto difusa y que este comité ha tenido que interpretar.

6.- El proyecto de gestión debería ser requisito únicamente para los aspirantes a presidente. RTVE podría facilitar la información necesaria para elaborar con rigor los aspectos del proyecto que se valoren. Los candidatos a consejeros podrían, siempre que se acepte la propuesta de los perfiles, justificar su adecuación a los mismos.

El tiempo transcurrido desde la convocatoria hasta la entrega de las solicitudes, si se requiere la elaboración de un proyecto de calado, ha de ser necesariamente más amplio que el que se ha establecido en esta ocasión.

Al margen de todas estas consideraciones sería de interés cotejar el modelo de gobierno de RTVE con otros de corte profesional existentes en Europa y de más tradición, si bien el contexto sociocultural no permite en absoluto hacer traslaciones automáticas.

Madrid, a 10 de diciembre de 2018

Isabel Fernández Alonso

Profesora Titular de Comunicación

Universidad Autónoma de Barcelona

Entre sus publicaciones relativas a los medios públicos y sus mecanismos de control destacan:

FERNÁNDEZ ALONSO, Isabel; Ana FERNÁNDEZ VISO; José Joaquín BLASCO GIL (2017): “Crisis de credibilidad y debilidad financiera de RTVE”. En FERNÁNDEZ ALONSO, Isabel (2017) (ed.): Austeridad y clientelismo. Política audiovisual en España en el contexto mediterráneo y de la crisis financiera. Barcelona: Gedisa, pp. 97-120.

FERNÁNDEZ ALONSO, Isabel (2016): “Independent Audiovisual Regulators in Spain: A Unique case in Europe”, en International Journal of Communication, vol. 10, pp. 359-376.

FERNÁNDEZ ALONSO, Isabel (2015): “Retos regulatorios para la televisión autonómica”. En NEREKAN, Amaia; Miguel Ángel CASADO; Ramón ZALLO; Juan Carlos MIGUEL DE BUSTOS: Comunicación de proximidad: Cada vez más lejos. Marco, experiencias y regulación. Bilbao: Universidad del País Vasco, pp. 239-252.

HUMANES, María Luisa; Isabel FERNÁNDEZ ALONSO (2015): “Pluralismo informativo y medios públicos. La involución de TVE en el contexto del cambio político (2012-2013)”, en Revista Latina de Comunicación Social, La Laguna, nº 70, pp. 270-287.

FERNÁNDEZ ALONSO, Isabel (2012): “Crisis financiera y medios públicos en España. Impacto de los recortes presupuestarios en las radiotelevisiones públicas autonómicas históricas (2008-2012)”, en Derecom, Madrid, nº 12, diciembre de 2012-febrero de 2013.

FERNÁNDEZ ALONSO, Isabel; Ana FERNÁNDEZ VISO (2012): “Pluralistic internal structure. Role of social groups and professionals in the management of public broadcasting corporations in Spain. The case of RTVE”, en Comunicación y Sociedad, Pamplona, volumen 25, nº 2, pp. 203-230.

FERNÁNDEZ ALONSO, Isabel; Ana FERNÁNDEZ VISO (2012): “¿Cómo se gobiernan las radiotelevisiones públicas?: órganos de gestión, injerencia política y fragilidad de los mecanismos de control?”. En MIGUEL DE BUSTOS, Juan Carlos; Miguel Ángel CASADO DEL RÍO (coords.): Televisiones autonómicas. Evolución y crisis del modelo público de proximidad. Barcelona: GEDISA, pp. 119-142.

FERNÁNDEZ ALONSO, Isabel; Isabel SARABIA ANDÚGAR; Josefina SÁNCHEZ MARTÍNEZ; Juan José BAS PORTERO (2011): “Modelos de gobierno de las radiotelevisiones públicas autonómicas en España: el caso de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales”, en Ámbitos. Revista Internacional de Comunicación, Sevilla, nº 20, pp. 255-270.

FERNÁNDEZ ALONSO, Isabel; Montse BONET; Josep Àngel GUIMERÀ; María Federica ALBORCH; Mercè DÍEZ (2010): “Spanish Public Broadcasting. Defining traits and future challenges following analogue television switch-off”, en Observatorio (OBS*), Lisboa, vol. 4, nº 3, pp. 301-318.

LLORENS, Carles; Isabel FERNÁNDEZ ALONSO (2010): “The Reform of the Public Radio and Television System in the United Kingdom and in Spain (2004-2007). En DOBEK-OSTROWSKA, Boguslawa; Michal GLOWACKI; Karol JAKUBOWICZ; Miklós SÜKÖSD (eds.): Comparative Media System. Budapest-New York: Central European University Press, pp. 97-114.

Els dos capítols signats pels membres del Grup Daniel Jones s’ubiquen a la primera part de l’informe, corresponent al marc general, on s’analitzen aquells aspectes que tenen una incidència transversal als diversos mitjans i indústries de la comunicació i la cultura. Concretament, Isabel Fernández i Marc Espín repeteixen com a responsables del capítol “Les polítiques de comunicació”. Mercè Díez, per la seva banda, s’ha encarregat de l’apartat “Economia i finançament de la informació”, que s’ha reenfocat en relació als informes d’anys anteriors, ja que ara integra els capítols que abans es dedicaven específicament a l’anàlisi dels grups de comunicació i a la inversió publicitària als mitjans de comunicació.

El capítol sobre polítiques de comunicació para atenció a les principals mesures implementades durant el bienni 2015-2016 en relació a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, el Consell de l’Audiovisual de Catalunya i de suport als mitjans privats. També valora la coherència entre les propostes programàtiques realitzades per la coalició Junts pel Sí i la seva acció política, i les actuacions del Govern espanyol amb transcendència a Catalunya, com l’adjudicació de noves llicències de TDT de cobertura estatal.

Pel que fa al comportament econòmic de sector de la comunicació, s’observa que tant a Catalunya com a Espanya, s’ha mantingut durant el bienni una tendència moderadament positiva que ja s’havia apreciat el 2014. Amb tot, els ingressos per publicitat i aportacions dels usuaris queden molt lluny de les xifres assolides el 2007.

L’Informe de la Comunicació a Catalunya és una iniciativa de l’Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB). L’ultima edició es va presentar públicament al Palau Robert de Barcelona el passat 28 de setembre.

También se ocupa de las principales políticas audivisuales desarrolladas durante el mismo periodo en los países mediterráneos más afectados por esta crisis (Italia, Grecia y Portugal), así como de las políticas audiovisuales de la Unión Europea, con especial atención a su incidencia en España.

Se trata de una obra colectiva, resultado final de un proyecto de I+D+I impulsado por el Grupo Daniel Jones y financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad del Gobierno de España (CSO2013-42523-P). Junto a la propia editora, son coautores del libro Alessandro D’Arma, Stylianos Papathanassopoulos, Mariana Lameiras, Helena Sousa, Maria Corominas i Piutats, Ana Fernández Viso, Eladio Gutiérrez Montes, María Jesús Díaz González, Miguel Ángel Casado, Juan Carlos Miguel, Aurora Labio, Josep Àngel Guimerà i Orts y José Joaquín Blasco Gil.

Tras analizar cómo se han implementado los tradicionales ejes básicos de las políticas de comunicación catalanas durante el bienio 2013-2014 (actuaciones relativas a la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales y al Consejo Audiovisual de Cataluña, y transferencia de fondos públicos al sector privado), el texto concluye apuntando los asuntos clave que se encuentran sobre la mesa en materia de políticas de medios al iniciarse 2015:

“Con la financiación estabilizada, olvidado el proyecto de externalización de la comercialización de la publicidad y alquilada parte del múltiplex de Godó para las emisiones de TV3 en HD, la CCMA continúa sin contrato programa, con una silla del consejo de gobierno vacante y sin convenio laboral vigente. A la vez, los contenidos de TVC y de Cataluña Radio reciben (en un contexto político que les obliga especialmente a cumplir con sus misiones de servicio público) críticas más o menos intensas desde diversos ámbitos (Sindicato de Periodistas de Cataluña, Consejo Profesional de TV3, Sociedad Civil Catalana, grupos parlamentarios del PPC, Ciudadanos, PSC e ICV-EUiA), que se recogen en los medios, en las quejas al CAC y en los debates parlamentarios.

Mientras tanto, recuperada la deseable publicidad de los votos particulares, un CAC financieramente debilitado y con cuatro de los seis consejeros propuestos por CiU o ERC ha de resolver un asunto especialmente delicado: la petición del Gobierno catalán de sancionar a las cadenas radiofónicas que se negaron a difundir la campaña del 9N.

Por lo que respecta a las transferencias de dinero desde la Generalitat a los medios privados, durante el período analitzado se han suprimido las ayudas a proyectos, pese a que hemos detectado la existencia de algunas subvenciones de cantidades relevantes no sujetas a concurrencia pública.

En cuanto a la inversión en publicidad institucional, se recuperan los niveles de 2009 y 2010, si bien se le ha de sumar la partida relativa al 9N, ya que, al contrario de lo que sucede en el ámbito audiovisual, la prensa y los digitales no estan afectados por las previsiones del artículo 82.1 de la Ley 22/2005. A partir de mediados de 2015, en aplicación de la Ley 19/2014, el Ejecutivo catalán ha de hacer pública una información muy detallada sobre esta partida, que incluya el importe relativo a la publicidad institucional contratada a cada medio (…)”.