La directora del Grupo Daniel Jones elabora sus propias recomendaciones al concluir los trabajos del Comité de Expertos de RTVE

[11.12.2018]

Reflexiones sobre el sistema de elección de los miembros del Consejo de Administración de RTVE

Al no compartir el procedimiento adoptado para elaborar recomendaciones conjuntas por parte del Comité de Expertos, desde el total respeto a las apreciaciones de mis compañeros, expongo mis propias reflexiones, por si fueran de utilidad de cara a renovaciones futuras del Consejo de Administración.

Partiendo de un acuerdo con la combinación de los modelos profesional y parlamentario de gobierno de los medios públicos, realizo, a continuación, una serie de consideraciones sobre las previsiones de la Ley 5/2017 en relación con esta materia y sobre la fórmula adoptada para el concurso en sí:

1.- En mi opinión, se debería recuperar sin matices de ningún tipo (la actual redacción de la ley es un tanto confusa) la mayoría cualificada de 2/3 para el nombramiento de los consejeros y el presidente del Consejo de Administración. Si nada lo impide, la elección debería recaer en el Congreso, por cuanto su composición refleja con criterios más proporcionales la voluntad de los ciudadanos. La política de amplios consensos ha sido hasta ahora la que, a mi entender, ha dado mejores resultados en lo que respecta a la independencia de nuestros medios públicos.

2.- Creo también que los cargos de los consejeros, cuyo número podría reducirse, deberían ser remunerados para así evitar un modelo de consejo presidencialista como el actual en el que solo el presidente puede dedicarse en exclusiva a la tarea que desempeña en RTVE. Además, el hecho de que los consejeros cobren únicamente dietas impide que puedan incorporarse muchos profesionales cualificados del sector privado, debido al régimen de incompatibilidades al que están sujetos. A la vez, resulta muy cuestionable que, en el caso de que los consejeros electos sean trabajadores de RTVE, estos tengan que tomar decisiones relativas a las propias funciones que desempeñan. Lógicamente, esto no sucedería si el cargo de consejero requiriese dedicación exclusiva y estuviera remunerado.

3.- Considero fundamental definir previamente qué perfiles se requieren para el Consejo de Administración. No por ley, porque las circunstancias cambian, pero sí al abrirse cada concurso. En la presente convocatoria, a mi modo de ver, se han primado en exceso los méritos relacionados con el sector de la Comunicación, penalizando a candidatos con una magnífica experiencia en sectores como la Economía, el Derecho, las Telecomunicaciones o la Sociología, por citar algunos ejemplos. Se habría de procurar que los consejos integren a expertos de diferentes ámbitos, todos ellos muy necesarios para afrontar los retos de un sector tan complejo y cambiante. En este sentido, se podría requerir que los candidatos se presentasen para cubrir plazas/perfiles concretos.

4.- El Comité de Expertos, en mi opinión, no debe ser producto únicamente de cuotas de partido y debe contar con un número de miembros más reducido para ser más operativo. Una posible fórmula sería encargar a entidades académicas y profesionales significativas (y relacionadas con el sector audiovisual) que los propongan.

También creo que este Comité ha de ser nombrado antes de la apertura del concurso, de modo que pueda contribuir a fijar los perfiles (si se estima la propuesta anterior) y, en todo caso, los méritos y el baremo para su valoración. El concurso se debería convocar varios meses antes de la expiración del mandato del Consejo para evitar situaciones como las vividas en los últimos meses.

5.- Recomiendo, asimismo, que, de cara al concurso, se elabore un modelo de instancia cuyos epígrafes se correspondan con los diferentes apartados del baremo para facilitar la tarea de evaluación. Sugiero, siempre dentro de los márgenes legales, fijar unos méritos mínimos para concurrir (más allá de disponer de estudios universitarios). Esta debería ser también tarea del comité de expertos. Sin embargo, el Parlamento debería dejar claro qué se entiende por “valorar la idoneidad” de los candidatos, una idea que queda un tanto difusa y que este comité ha tenido que interpretar.

6.- El proyecto de gestión debería ser requisito únicamente para los aspirantes a presidente. RTVE podría facilitar la información necesaria para elaborar con rigor los aspectos del proyecto que se valoren. Los candidatos a consejeros podrían, siempre que se acepte la propuesta de los perfiles, justificar su adecuación a los mismos.

El tiempo transcurrido desde la convocatoria hasta la entrega de las solicitudes, si se requiere la elaboración de un proyecto de calado, ha de ser necesariamente más amplio que el que se ha establecido en esta ocasión.

Al margen de todas estas consideraciones sería de interés cotejar el modelo de gobierno de RTVE con otros de corte profesional existentes en Europa y de más tradición, si bien el contexto sociocultural no permite en absoluto hacer traslaciones automáticas.

Madrid, a 10 de diciembre de 2018

 

Isabel Fernández Alonso

Profesora Titular de Comunicación

Universidad Autónoma de Barcelona

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