Tras analizar cómo se han implementado los tradicionales ejes básicos de las políticas de comunicación catalanas durante el bienio 2013-2014 (actuaciones relativas a la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales y al Consejo Audiovisual de Cataluña, y transferencia de fondos públicos al sector privado), el texto concluye apuntando los asuntos clave que se encuentran sobre la mesa en materia de políticas de medios al iniciarse 2015:

“Con la financiación estabilizada, olvidado el proyecto de externalización de la comercialización de la publicidad y alquilada parte del múltiplex de Godó para las emisiones de TV3 en HD, la CCMA continúa sin contrato programa, con una silla del consejo de gobierno vacante y sin convenio laboral vigente. A la vez, los contenidos de TVC y de Cataluña Radio reciben (en un contexto político que les obliga especialmente a cumplir con sus misiones de servicio público) críticas más o menos intensas desde diversos ámbitos (Sindicato de Periodistas de Cataluña, Consejo Profesional de TV3, Sociedad Civil Catalana, grupos parlamentarios del PPC, Ciudadanos, PSC e ICV-EUiA), que se recogen en los medios, en las quejas al CAC y en los debates parlamentarios.

Mientras tanto, recuperada la deseable publicidad de los votos particulares, un CAC financieramente debilitado y con cuatro de los seis consejeros propuestos por CiU o ERC ha de resolver un asunto especialmente delicado: la petición del Gobierno catalán de sancionar a las cadenas radiofónicas que se negaron a difundir la campaña del 9N.

Por lo que respecta a las transferencias de dinero desde la Generalitat a los medios privados, durante el período analitzado se han suprimido las ayudas a proyectos, pese a que hemos detectado la existencia de algunas subvenciones de cantidades relevantes no sujetas a concurrencia pública.

En cuanto a la inversión en publicidad institucional, se recuperan los niveles de 2009 y 2010, si bien se le ha de sumar la partida relativa al 9N, ya que, al contrario de lo que sucede en el ámbito audiovisual, la prensa y los digitales no estan afectados por las previsiones del artículo 82.1 de la Ley 22/2005. A partir de mediados de 2015, en aplicación de la Ley 19/2014, el Ejecutivo catalán ha de hacer pública una información muy detallada sobre esta partida, que incluya el importe relativo a la publicidad institucional contratada a cada medio (…)”.

A petición de la Comisión de Asuntos Institucionales del Parlamento de Cataluña, la directora del Grupo Daniel Jones, Isabel Fernández Alonso, ha realizado diversas observaciones a las propuestas de reforma de la normativa sobre comunicación que se están tramitando conjuntamente en la cámara legislativa catalana:

1.- El proyecto de ley del Gobierno de CiU por el que se modifican diversas leyes en materia audiovisual y de publicidad institucional para favorecer la transparencia y la sostenibilidad del sector de la comunicación.

2.- La proposición de ley, presentada por el Grupo Parlamentario de Iniciativa por Cataluña Verdes – Izquierda Unida y Alternativa, para la reforma de la Ley 2/2012, de modificación de diversas leyes en materia audiovisual.

Isabel Fernández Alonso considera que las propuestas de reforma apuntan a cuestiones secundarias, dejando de lado temas que, a su juicio, deberían ser centrales en las políticas de comunicación catalanas como la regulación efectiva de los medios comunitarios, la desgubernamentalización de los medios públicos y del CAC, o la publicación de los beneficarios (y las cifras) de la publicidad institucional.

>>Acceso a las aportaciones remitidas por la directora del Grupo Daniel Jones al Parlamento de Cataluña.